Asamblea Legislativa aprueba medidas extraordinarias contra pandillas en Penales

By on 1 abril, 2016

Con 83 votos Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el dictamen 14 favorable  sobre medidas extraordinarias a aplicar disposiciones especiales transitorias y extraordinarias en los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión, con lo cual buscan cortar las comunicaciones de miembros de pandillas que ordenan crímenes desde los reclusorios.

El primer paquete de medidas tiene una vigencia de 1 año a partir de su entrada en vigencia.

La directiva del Órgano Legislativo firmó hoy el decreto para que esta misma tarde sea entregado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial.

Los legisladores aprobaron por 83 votos la iniciativa, aunque dijeron que la diputada Carmen Elena de Escalón no había votado porque tuvo una emergencia en ese momento y se encontraba en el servicio sanitario, según lo confirmara el mismo diputado Rodrigo Ávila.

En tal sentido la iniciativa que busca controlar a los grupos de pandillas cuenta con el respaldo de los 84 legisladores. No así del diputado propietario Ernesto Muyshondt, quién se reunió con líderes de pandillas, que no estuvo en el pleno para emitir su voto.

El decreto establece endurecimiento de penas para reos, restricción de visitas familiares, suspensiones de audiencias y en caso de ser necesarias las deberán realizar en modalidad virtual. Además se amplían los plazos, y Corte de Comunicaciones.

Asimismo, realizar todas las gestiones para evitar señales telefónicas en los centros penales o granjas penales, para lo cual las autoridades requerirán a los operadores de redes comerciales de telecomunicaciones adoptar y aplicar las soluciones técnicas que sean necesarias para eliminar la prestación de los servicios de tráfico de telecomunicaciones en esos lugares.

Estas medidas extraordinarias son aprobadas por todos los grupos parlamentarios como una respuesta a los altos niveles de delincuencia del país, y se aplican después de la masacre de 11 trabajadores ocurrida en una zona rural de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad.

Las medidas completas están aquí:

Art. 1.- Decrétanse las siguientes disposiciones especiales, transitorias y extraordinarias en los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión, en adelante “los centros”, las cuales tienen por finalidad asegurar la eficacia del régimen penitenciado y proteger a la población de las acciones delictivas que se originan desde dichos lugares, debiendo para el efecto realizar las adecuaciones a la infraestructura penitenciaria, adoptar las medidas del personal y tecnológicas que fueren necesarias, para asegurar la eficacia del régimen penitenciario.

Art. 2.- En aquellos casos en que se tengan indicios de actos de desestabilización por parte de alguna organización proscrita por la ley, que los privados de libertad tomen parte en actividades vinculadas con hechos delictivos, sean estos cometidos o planificados o ejecutados al interior o fuera de los centros o que exista un riesgo para la vida o integridad física de las personas, se podrán adoptar las siguientes medidas:

  1. a) Habilitar centros temporales de reclusión;
  2. b) El traslado de privados de libertad entre los distintos centros penitenciarios y granjas penitenciarias, incluidos aquellos dispuestos para el cumplimiento del régimen de internamiento especial;
  3. c) Restricción o limitación del desplazamiento de los privados de libertad, a través del encierro o el cumplimiento de la pena en celdas especiales, entre otras medidas, como último recurso;
  4. d) Restricción de las visitas de toda clase o suspensión de las mismas, durante el tiempo que sea necesario, así como del ingreso de personas ajenas a la administración penitenciaria. Los defensores públicos y particulares, debidamente acreditados, ejercerán el derecha a comunicarse con el interno en recintos especialmente habilitados;
  5. e) Participación obligatoria en actividades de índole reeducativa y de formación de hábitos de trabajo; y,
  6. f) Otras que sean necesarias para el cumplimiento de la finalidad del presente Decreto, incluidas las establecidas en el Art. 23 de la Ley Penitenciaria y que no estuvieren señaladas en los literales anteriores.

El Ministro de Justicia y Seguridad Pública aplicará las medidas gradualmente; debiendo evaluadas y modificarlas de acuerdo a la variación de las condiciones de seguridad en los centros.

CENTROS PENITENCIARIOS SUJETOS A LAS MEDIDAS

Art. 3.- Las presentes disposiciones se aplicarán en los centros penitenciarios siguientes: a) Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de Chalatenango; b) Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de Ciudad Barrios; c) Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de Cojutepeque; d) Centro Penitenciario de Seguridad de San Francisco Gotera; e) Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de Izalco; f) Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de Quezaltepeque; y, 3 g-) Centro Penitenciario de Seguridad de Zacatecoluca.

El Ministro de Justicia y de Seguridad Pública podrá aplicar cualquiera de las medidas previstas en los casos señalados en el Art. 2 del presente Decreto, en otros centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión o en sectores determinados de alguno de ellos.

Audiencias virtuales.

Art. 4.- Quedan suspendidos durante la vigencia del presente Decreto, los traslados de los privados de libertad, para la realización de toda clase de las audiencias judiciales y cualquier otro acto procesal. En estos casos, el Juez o Tribunal competente celebrará la audiencia y cualquier otro acto procesal en modalidad virtual, salvo que el juzgador considere pertinente la realización de la misma en el centro penitenciado, de conformidad a lo establecido en el Art. 138 deI Código Procesal Penal.

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE AUDIENCIAS.

Art. 5.- Quedan suspendidas, por el plazo de treinta días a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, las audiencias judiciales que requieran la presencia de privados de libertad que se encuentren en los centros penitenciarios establecidos en el Art. 3, mientras se realizan las adecuaciones de la infraestructura penitenciaria y los procedimientos que sean necesarios para la eficacia del régimen penitenciario en el marco de las presentes disposiciones. En consecuencia, se suspenden por el mismo período los términos y plazos procesales en los procesos comprendidos en el inciso primero del presente artículo, así como los plazos de prescripción y caducidad. Dichos términos se computarán, restando a los respectivos plazos el período de suspensión.

CORTE DE TRÁFICO DE TELECOMUNICACIONES.

Art. 6.- Durante la vigencia del presente Decreto, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, previa opinión técnica del Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones, dispondrá de todas las medidas necesarias e indispensables asegurar el corte de tráfico de telecomunicaciones desde y hacia los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión a que se refiere el presente Decreto, para lo cual deberá:

1) Adoptar, de manera permanente, los mecanismos o medidas tecnológicas necesarias para la detección de señales activas y la presencia de dispositivos de telecomunicación en los espacios físicos donde están ubicados dichos centros;

2) Requerir a los operadores de redes comerciales de telecomunicaciones adoptar y aplicar las soluciones técnicas que sean necesarias para eliminar la prestación de los servicios de tráfico de telecomunicaciones; que deberán ser atendidas por los Operadores de Redes de Telecomunicaciones, en un plazo máximo de veinticuatro horas; y,

3) En el caso de no cumplirse lo establecido en el numeral anterior, se dispondrá de la reubicación de las antenas e infraestructura de telecomunicaciones existentes; lo que deberá ser implementado dentro del plazo máximo de treinta días contados a partir del requerimiento.

En el caso de incumplimiento de lo establecido en los numerales 2) y 3) del presente artículo y de continuar el tráfico de telecomunicaciones; se deberá proceder a la implementación de las medidas que sean indispensables, incluido el corte de suministro de energía u otras medidas que sean necesarias.

Asimismo, queda prohibida la instalación de nuevas antenas u otras infraestructuras de telecomunicaciones en un radio de 500 metros de los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión.

Las instancias correspondientes deberán cooperar con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en la elecución de las medidas extraordinarias que sean indispensables para garantizar el corte de tráfico de telecomunicaciones.

Todo lo dispuesto en el presente artículo, tendrá aplicación sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que establezca la ley en la materia u otras leyes especiales.

SUSPENSIÓN Y DESTITUCIÓN.

Art. 7.- Durante la vigencia del presente Decreto, el Director General de Centros Penales, podrá disponer como medida cautelar, la inmediata suspensión temporal, sin goce de sueldo, debiendo promoverse el debido proceso de destitución previsto en la Ley Penitenciada, de los funcionarios y empleados penitenciados en los siguientes casos:

  1. a) Cuando pueda considerarse razonablemente que la permanencia en sus funciones implica grave afectación a la administración penitenciaria;
  2. b) Cuando se haya decretado la detención provisional o cualquier otra medida cautelar en un proceso penal; y,
  3. c) Cuando al funcionario o empleado se le hubiere iniciado proceso en materia de extinción de dominio. La suspensión temporal sin goce de sueldo se mantendrá durante la tramitación del proceso penal o del procedimiento de destitución, según sea el caso.

CONTRATACIÓN DIRECTA.

Art. 8.- Para la efectiva aplicación del presente Decreto, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública podrá acordar, además de los casos establecidos en el Art. 72 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la contratación directa de obras, bienes y servicios, para el mejoramiento, equipamiento, funcionamiento y ampliaciones que sean necesarias en la infraestructura penitenciada, así como los que fueren necesarios para el cumplimiento del Art. 6 deI presente Decreto.

OBLIGACIÓN DE INFORMAR.

Art. 9.- El Ministro de Justicia y Seguridad Pública presentará un informe cada treinta días a la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa para su análisis, discusión y toma de decisiones pertinentes.

CARÁCTER ESPECIAL Y DE ORDEN PÚBLICO.

Art 10.- El presente Decreto es de orden público y de carácter especial y sus disposiciones prevalecerán sobre lo dispuesto en la Ley Penitenciaria, asi como cualquier Decreto o Ley que lo contraríe. En lo no previsto en el presente Decreto, se aplicará supletoriamente lo establecido en la Ley Penitenciaria, siempre y cuando no contraríe las presentes disposiciones.

VIGENCIA.

Art 11.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial y sus efectos durarán un año contado a partir de su vigencia.

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