El Salvador: Veinte años de los Acuerdos de Paz

By on 16 enero, 2012

 

Lic. Ramón Villalta, Director Ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia, ISD. El Salvador.

Los Acuerdos de Paz fueron suscritos el 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec de la ciudad de México entre el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y fueron fruto de un proceso que inicio con el Diálogo que en 1984 que fue acompañado por la Iglesia Católica y posteriormente por casi tres años de negociaciones con mediación de la ONU. Con estos Acuerdos se cerró un período sangriento que duró más de una década y que causó al menos 75,000 muertos, 8,000 desaparecidos y 12,000 presos políticos, así como cuantiosas pérdidas a la infraestructura y economía del país.

Los objetivos últimos del proceso se establecieron en el llamado Acuerdo de Ginebra, en abril de 1990, estos eran: la democratización, el respeto irrestricto de los derechos humanos y la reunificación de la sociedad salvadoreña. Con ello se buscaba avanzar hacia una transformación profunda del Estado.

Sin duda los Acuerdos de Paz crearon condiciones favorables para el avance hacia una nación democrática: se logró el cese del enfrentamiento armado, la desmovilización y desmontaje de la estructura de los aparatos de violencia y represión estatal que funcionaban desde antes del periodo de la guerra (Guardia Nacional, Policía de Hacienda y Policía Nacional); se crearon nuevas instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral, se reestructuró el sistema judicial; se redujo y se cambió la doctrina de la Fuerza Armada, se reformó la Constitución, se abrió el espectro político ampliándose la pluralidad con la conversión e incorporación del FMLN como partido político, entre los aspectos relevantes.

En los veinte años, transcurridos hasta ahora, el fortalecimiento democrático se ha estancado y deteriorado; no se ha alcanzado realmente la esperada transformación democrática del Estado salvadoreño. La nueva institucionalidad democrática ha sido la más desatendida, se han señalado involuciones en la estructura de la Policía Nacional Civil (PNC), Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Fiscalía General de la República, Órgano Judicial, Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral y Asamblea Legislativa. Reconociendo los avances que en materia de transparencia ha tenido el país, en los Organos de Estado aún se refleja una débil rendición de cuentas, corrupción, sistema político inestable, baja participación ciudadana, irrespeto a la legalidad, enfrentamiento entre órganos de gobierno y debilitamiento del Estado de Derecho.

Se evidencian signos de deterioro en el ejercicio de la representación, la credibilidad institucional y consecuentemente la democratización y gobernabilidad del país se ve amenazada; lo arbitrario aún se constituye como el método privilegiado para la resolución de conflictos, algo propio de la cultura autoritaria todavía existente, lo cual está conduciendo a un cierre de espacios de la expresión popular y violatorias a derechos humanos.

A pesar de la demanda de buscar mecanismos de concertación social y política para la solución de graves problemas del país, la negociación no adquiere el valor requerido por parte de las autoridades como el mecanismo para la transformación de los conflictos que atraviesa al país.

Las principales deudas que aún se mantiene con las víctimas del conflicto armado y en general con la sociedad salvadoreña salvadoreño es cumplir a cabalidad las recomendaciones de la comisión de la verdad y juzgar a los criminales de guerra y las reformas judiciales que garanticen equidad y una efectiva investigación del delito. Se considera que la vigencia de la Ley de Amnistía no ha permitido superar la impunidad, que ”viola tres derechos fundamentales de toda persona humana: verdad, administración de justicia y reparación de los daños a las víctimas y sus familiares”; esto a pesar que ha sido recomendada la derogación e inaplicabilidad de este instrumento legal por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.

El principal déficit que arrojan los Acuerdos de Paz, después de veinte años, ha sido la creación del Foro de Concertación Económico y Social como elemento de protección de los derechos económicos y sociales de la población. Es indispensable el cumplimiento de este acuerdo dejando claro que el actual Consejo Económico Social CES no cumple con la esencia de la creación del Foro y que se requiere abordar específicamente lo relativo a la distribución de las tierras, el otorgamiento de crédito y apoyo técnico a la pequeña producción campesina y las pequeñas y microempresas, la supresión de las prácticas monopólicas, la inversión social, y los programas para lisiados de guerra.

Las causas que dieron origen a la guerra eran fundamentalmente económicas y sociales; veinte años después de finalizado el conflicto, la escasez de empleos, la insuficiente remuneración, la falta de oportunidades de estudio y de atención a los jóvenes, los graves problemas de vivienda y salud, el incremento de la desigualdad en los ingresos, la profundización de la pobreza, la migración obligada de centenares de personas de los diferentes estratos sociales, el incremento de la violencia y crimen organizado, la vulnerabilidad socio ambiental, entre otros, evidencian que no se ha avanzado en resolver las condiciones que desembocaron en una guerra civil en el pasado.

La concepción de éxito del proceso de paz salvadoreño debe ser relativizado, ya que el mismo permitió la paz de la guerra que buscaban algunos, pero no la paz económica y social de la mayoría de las familias salvadoreñas. La firma de los Acuerdos de Paz coincidió con la profundización de los Programas de Ajuste Estructural con lo cual se fortaleció al gran capital, se privatizaron los servicios públicos convirtiendo los derechos humanos en mercancías, bienes o servicios de capital. Así, la paz para algunos ha significado acumular capital y para otros desmejora en la calidad de vida. ¿se firmó la paz para impulsar el nuevo modelo de desarrollo que el capital requería?

El proceso de paz ha generado una conciencia bastante generalizada en los sectores organizados de la sociedad; respecto de que la profundización del desarrollo democrático es inherente a la superación de los graves problemas socioeconómicos y viceversa, por tanto la instauración del Estado de Derecho, la modernización de las instituciones del Estado, el respeto al sistema constitucional de frenos y contrapesos, la reforma fiscal, la democratización y transparencia del sistema electoral, la independencia del Tribunal Supremo Electoral, el control del financiamiento de los partidos políticos, la pluralidad de los concejos municipales, garantía para el voto directo, el ejercicio del sufragio en el exterior, el fortalecimiento del ejercicio de la representación, el fortalecimiento del sistema de justicia y de los órganos de control como la Corte de Cuentas y la Fiscalía General, la descentralización del Estado, la institucionalización de los espacios y mecanismos para la participación ciudadana en la gestión pública y el ejercicio transparente de los funcionarios públicos, el combate a la corrupción e impunidad, el desarrollo de la educación y la no privatización de los servicios públicos particularmente de la salud, entre otros, son temas que tienen que estar incluidos en una agenda de país.

El Salvador requiere de un nuevo acuerdo para avanzar hacia la consolidación de la democracia y el desarrollo humano que permita superar la pobreza; ello no es posible en un ambiente de alta confrontación y sin el reconocimiento de que las grandes decisiones del país no son responsabilidad exclusiva de los Partidos Políticos y del gobierno mismo.

Por ello en el marco del vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz se hace necesario reeditar una nueva página del ejercicio de dialogo y de concertación realizado hace 20 años por los actores políticos, gubernamentales, académicos, empresariales, sociales y territoriales; por ello llamamos nuevamente a todos los actores a hacer esfuerzos para establecer una agenda de país y consensar propuestas que encaminen a El Salvador hacia más democracia y más desarrollo superando la estrecha visión que únicamente propugna por crecimiento económico.

Lic. Ramón Villalta, Director Ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia, ISD. El Salvador.

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