El Salvador Noticias

El Presidente de la República, Mauricio Funes, envió este viernes 14 de octubre a la Asamblea Legislativa sus observaciones al Decreto 853 aprobado por los diputados y que contiene reformas a la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito.

El mandatario realizó tres observaciones consideradas esenciales, primero, señalando que la presidencia comparte el espíritu de los legisladores en su iniciativa de poner límite a las tasas de interés, en muchos casos usureras, que aplica el sistema financiero a los usuarios de tarjetas de crédito y la intención que de ello deriva de proteger a los consumidores.

En segundo lugar el mandatario afirma que entiende que el procedimiento por el cual los legisladores pretenden beneficiar a los usuarios es inadecuado, pues lejos de beneficiarlos, perjudicará a casi la mitad de los mismos, que son precisamente los más vulnerables y más necesitados de financiamiento para sus operaciones productivas, comerciales, de servicios o de consumo.

Y en tercer lugar, la Presidencia considera que el decreto establece desigualdades ante la ley y penalidades desproporcionadas que afectan la seguridad jurídica en el país.

Funes, en el primer punto, señala que “la tasa de interés pasiva bancaria como referente podría no ser la adecuada a mediano plazo para el beneficio de los usuarios que se pretende proteger con la regulación, pues ésta depende de factores que son dinámicos y que podrían variar al alza en un momento determinado tal como ha sucedido históricamente”.

Y agrega que “Ejemplo de esto, es la tasa libre de riesgo, para la cual se utiliza como necesaria referencia el rendimiento de los bonos del tesoro de los Estados Unidos. Dicha tasa ha tenido un comportamiento histórico volátil, al punto que a principios de 1980 rondaba el 15% y para 2011 ronda el 2%”. Lo importante del ejemplo antes apuntado, es que puede darse el caso que, debido a las condiciones del mercado internacional, una subida de este tipo en la tasa libre de riesgo suponga una imposición de un techo en el que la regulación se vuelva irrelevante por la magnitud de dicho aumento, lo cual conlleva inseguridad jurídica a los consumidores”.

Señala la Presidencia que, “Según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, al 31 de agosto de 2011, en el país circulan 558,349 tarjetas de crédito, del cual solamente 36,695 tienen una tasa de interés menor al 18%; 187,550 tarjetas se ubican con tasas entre 18% y 30%; 102,828 tarjetas tienen tasas de interés entre 30% y 36% y 231,006 tarjetas tienen interés superior al 36%”.

Y añade que con la reforma propuesta por los legisladores “aquellos consumidores que deseen un crédito por medio de tarjeta, contarán con una restricción más para acceder a este, por cuanto los bancos dentro de su libertad de contratación excluirán a un amplio segmento de usuarios que no encajen con el perfil que impone la nueva norma, como se desprende de los datos y, como consecuencia natural, se verán en la necesidad de acudir a entidades o personas al margen de la regulación pretendida, quienes otorgarán el mismo financiamiento a tasas excesivamente altas y, por tanto, perjudiciales para su bienestar económico”.

En cuanto al trato desigual entre agentes económicos, el escrito de la Presidencia indica que “existen otras entidades comerciales que no siendo emisoras ni co-emisoras de tarjetas de crédito, según lo definido en la ley, otorgan créditos incluso a tasas más onerosas que los mencionados emisores y pese a esto, no serán sujetos de regulación, pudiendo establecer tasas sin límite alguno” y el Presidente considera que “dicha distinción no es justificable”.

Por ello, el Presidente sostiene que “es necesario, por tanto, crear una ley más general que regule e incluso, prohíba, las prácticas financieras abusivas, pero respecto de todos los sujetos que pueden realizar dichas actividades en detrimento del patrimonio de los salvadoreños, tales como las leyes contra la usura implementadas en otros ordenamientos jurídicos, pues la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito es un cuerpo especial, que deja sectores fuera de la reglamentación” y que “debe existir, entonces, una regulación integral con el fin de proteger a los usuarios de prácticas derivadas del poder de negociación que dichas entidades poseen frente a estos”.