Presidente realiza observaciones a decreto que desencarcela la injuria periodística

By on 30 septiembre, 2011

El decreto 836 que contiene 11 reformas a artículos del Código Penal referidas a la regulación de los delitos contra el honor y la imagen de las personas,  fue devuelto a la Asamblea Legislativa con observaciones del presidente Mauricio Funes.
El mandatario, realizó seis observaciones al considerar a algunas de éstas como innecesarias, mientras que para otras recomendó una redacción distinta, informó Casa Presidencial.
La Asamblea Legislativa avaló el pasado 8 de septiembre, las reformas con 46 votos y únicamente la fracción del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se opuso y emitió sus sufragios en contra de las medidas.
Una de las modificaciones plantea eliminar la pena de cárcel para los delitos en contra del honor y la imagen de los ciudadanos (injuria, calumnia y difamación), y aplicar únicamente multas que como máximo ascenderían a 360 días del salario mínimo más bajo en el área urbana, aunque esta no ha sido observada por el presidente Funes.
Las observaciones del presidente, según el documento enviado a los diputados, son referidas a las reformas: Actuar por otro (art. 38), Inhabilitación especial (art. 180), Legítima Difusión (art. 183), Derecho de Respuesta (art. 183 A), Criterios de Ponderación (art. 191 A) y Responsabilidad como autores y coautores (art. 191 B).
En el caso del derecho de respuesta, el mandatario, considera que la reforma aprobada no se ha establecido en función de la protección del mismo derecho, “sino más bien como protección de aquel que pueda haber realizado una conducta tipificada como delito”.
En el argumento se cuestiona que la reforma reconoce la acción penal solo si es “acreditado en forma fehaciente” que no se permitió ejercer el derecho de respuesta.
El presidente considera que “es necesario establecer una regulación más clara en cuanto al ejercicio” y recomienda la adición del artículo 183 A que, entre otros asuntos, establece un plazo de tres días para que los medios publiquen o difundan “íntegramente y de forma gratuita la respuesta del afectado”.

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